En las últimas dos décadas 460 mil familias de bajos ingresos han sido expulsadas de la CDMX, en una emigración forzada debido a la gentrificación que propició la especulación inmobiliaria.

El encarecimiento del suelo, la oferta de nueva vivienda enfocada al sector medio y residencial, así como la ausencia de alternativas para producir vivienda social, son algunos de los problemas que han provocado la expulsión de 23 mil familias en promedio al año durante las últimas dos décadas.

Ese sórdido escenario es parte de un diagnóstico integrado al nuevo proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) que el gobierno de Claudia Sheinbaum presentó sorpresivamente el pasado lunes.

VIVIENDA Y HÁBITAT
Dentro del proyecto del PGOT y en un apartado que se titula “Vivienda y hábitat”, se reconoce que el número de viviendas creció a un ritmo constante, de 31 mil 250 por año en el periodo que va de 2000 a 2020.

No obstante, esa vivienda se enfocó a cubrir la demanda de una población de clase media y alta.

Al 2020 había 3 millones 36 mil viviendas, pero existe un rezago habitacional, pues 45.6 por ciento de la población habita inmuebles precarios y un 20 por ciento habita en espacios con altos niveles de hacinamiento.

En materia de seguridad de la tenencia, solo 55.5 por ciento de las viviendas son propias y el resto son rentadas, están prestadas o en proceso de pago, intestadas o en litigio.

De acuerdo con el diagnóstico que se presenta en el proyecto del PGOT, todos estos escenarios han agravado la expulsión de población y alientan la ocupación irregular del suelo de conservación o zonas de alto riesgo.

ASENTAMIENTOS IRREGULARES
Aunque en el documento se habla de asentamientos irregulares, no se ofrece un diagnóstico sobre su número, la cantidad de hectáreas de suelo de conservación que ocupan, el grado de consolidación que presentan, la antigüedad de éstos o el impacto ambiental que generan.

Lo que sí incluye el proyecto del PGOT es un plan para establecer mecanismos de regulación, atención, mitigación, control o reubicación de esos asentamientos.

Para ello se considerará su situación de irregularidad, el grado de consolidación y riesgo, impacto ambiental y características del territorio.

A ese plan se le denominó Objetivo Estratégico 8 y contempla la regulación de asentamientos que se encuentran determinados en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano o en los Programas de Ordenamiento Territorial de las demarcaciones, cuyos riesgos sean mitigables y no se encuentren en zonas de alto valor ambiental.

Para ello se actualizarán los Programas de Ordenamiento Territorial de las alcaldías, con delimitación territorial, conteo poblacional, identificación de infraestructura y equipamientos, antigüedad y grado de consolidación de cada asentamiento irregular.

Una vez actualizados los Programas de las alcaldías se crearán “Mecanismos de permanencia responsable de Asentamientos Humanos Irregulares”, para identificar aquellos que no sean aptos para regularizarse o reubicarse.

Los que sí tengan opción a regularizarse deberán cumplir condiciones especiales para proveerse de servicios básicos mediante ecotecnologías y la no ampliación de la superficie construida sobre el predio ocupado.